Los de Peñas 'la liaron' en Cádiz. Juan Nepomuceno de Lera y Cano, nacido en Peñas de San Pedro, fue elegido diputado por La Mancha, lo que provocó un curioso conflicto en las Cortes gaditanas, ya que otro natural de esta villa, Juan Sánchez Andújar, había sido elegido diputado por Murcia. Como éste último hizo constar a la Comisión de Poderes, que Peñas de San Pedro tuviera doble representación, por dos territorios distintos, era contrario al reglamento. La confusión, se explicaba, era que Peñas había sido «interinamente agregado» al Reino de Murcia cuando La Mancha fue ocupada por los franceses. Las Cortes resolvieron, en marzo de 1811, que Sánchez Andújar -que era párroco de Sax- no podía seguir siendo diputado por Murcia por ser natural de otra provincia, por lo que su puesto debía ocuparlo un suplente.

 

Lo relevó, sobre el papel, Juan Cayetano Ibáñez, que no llegó a incorporarse al parlamento, achacando, desde Yecla, motivos de mala salud y falta de recursos. Por esta razón el diputado Sánchez Andújar, aunque participó en los debates constitucionales, ya no era diputado cuando se aprobó y firmó la Constitución, en marzo de 1812. Juan de Lera y Cano era un sacerdote, doctor en Teología; en las Cortes formó parte de la Comisión de Prebendas Eclesiásticas, y defendió la doctrina católica, rechazando el concepto de soberanía nacional. A pesar de algunas de estas opiniones, firmó el texto constitucional. Años más tarde fue nombrado obispo, primero de Barbastro y luego de Segovia.

 

Aunque en 1812 la provincia de Albacete aún no existía, en las Cortes de Cádiz hubo diputados que representaban a este territorio. Fueron diputados elegidos por Murcia, La Mancha y Cuenca, que entonces se repartían los municipios que hoy son albacetenses. Uno de ellos, Vicente Cano Manuel, llegó a presidir aquel parlamento constitucional. Albacete era, en 1812, una villa de apenas siete mil habitantes; la provincia no existía, porque no se creó hasta 21 años más tarde. El territorio de la provincia actual se repartía entre Murcia, La Mancha y Cuenca. Entre los elegidos para las Cortes Constituyentes de 1810, cinco eran naturales de lo que hoy es Albacete, de las poblaciones de Chinchilla, Peñas de San Pedro (dos), Jorquera y Nerpio. Como el resto de sus colegas, los diputados, elegidos en un proceso confuso y muy accidentado -el país se encontraba en plena Guerra de la Independencia- formaban parte de las elites sociales (tres clérigos, un alto funcionario de la nobleza menor y un terrateniente).

Además de la participación directa de hombres nacidos en esta tierra, llaman la atención algunas incidencias de aquel proceso.

Por un lado, que Riópar, o mejor dicho, sus Reales Fábricas, fueran elegidas como lugar de elección para los diputados de la provincia de La Mancha, a la que pertenecía parte de lo que hoy es provincia de Albacete.

Se trataba de escapar de los franceses, que, conocedores de lo que se estaba preparando, intentaban impedir la elección; y este rincón serrano fue un buen escondite para eludir esa persecución.

Por otro lado, una incidencia curiosa de aquel proceso constitucional se refiere a la villa de Peñas de San Pedro, ya que a causa de los vaivenes militares y políticos de estas fechas, tenía una doble representación: un diputado por Murcia y otro por La Mancha.

Acta retirada

Fue un parlamentario peñero, Juan Sánchez Andújar, quien hizo notar lo anómalo de la situación. Las Cortes acordaron entonces retirarle el acta, si bien le entregaron un documento que «acreditando el motivo de su exclusion y la delicadeza con que había procedido, precaviese su honor de cualquiera equivocado concepto».

De los cinco diputados de tierras hoy albacetenses, tres no dejan lugar a dudas en cuanto a su apoyo a la causa absolutista; los tres clérigos -Simón López, Juan de Lera y el fugaz Juan Sánchez- defendieron, con más o menos vigor, la monarquía tradicional y las prebendas de la Iglesia. Estuvieron a favor de mantener la Inquisición y contra la idea de 'soberanía nacional'.

Manuel de Rojas, funcionario de Hacienda, era también ferviente monárquico y luchó para conseguir su reconocimiento como caballero de la 'Real y Distinguida Orden de Carlos III', aunque su ejecutoria de hidalguía se había perdido.

Caso distinto es el de Vicente Cano Manuel, miembro de toda una dinastía de políticos afincados en Chinchilla. Liberal moderado, la reacción absolutista lo llevó a retirarse en 1823 a su aldea de Pozo de la Peña; y hasta que, ya desaparecido Fernando VII, cambiaron los aires, no volvió a la vida pública, como presidente del Tribunal Supremo, en 1834. En las Cortes gaditanas fue presidente entre abril y mayo de 1811.